A- de 2020

En este caso se generó un conflicto de jurisdicciones entre una autoridad que hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (Sección de Apelación del Tribunal para la Paz) y otra de la Jurisdicción Ordinaria (Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar), de acuerdo con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo.

La controversia se generó en torno a la apelación formulada por la Fiscalía General y el Ministerio Público contra la sentencia condenatoria proferida contra un miembro del Ejército Nacional que gozaba del beneficio de libertad transitoria, condicional y anticipada previsto en la Ley 1820 de 2016, en la cual se dispuso dejar sin efectos jurídicos dicho beneficio transicional, como consecuencia de la condena impuesta.

Luego de analizar el asunto consideró la Corte que ambas autoridades carecen de competencia para resolver los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la causa penal mencionada.

Lo anterior, por cuanto al tratarse de un asunto cuya etapa de investigación finalizó y su conocimiento fue asumido por la JEP, carece de objeto el trámite de tales recursos.

Precisa la Corte que, por virtud de la competencia preferente, exclusiva y prevalente de la JEP, es claro que la sentencia condenatoria se encuentra viciada de nulidad por falta de jurisdicción, pues por mandato legal, para esa fecha el implicado ya se encontraba a disposición de la JEP, situación que, valga advertir, obedeció a la voluntad de éste último que suscribió el compromiso de sometimiento y, de esa misma forma, activó la concesión del beneficio de libertad condicionada.

Es decir, que la jurisdicción ordinaria carecía de competencia para dictar sentencia condenatoria anticipada y, al recibir los recursos de apelación, debió declarar la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción.

Sin embargo, en aras de la materialización de los principios de economía procesal el cual consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia; seguridad jurídica para el sindicado, la claridad y confianza en la administración de justicia para las víctimas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en este caso concreto, dejará sin efectos la sentencia del juzgado penal y remite el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz, para lo de su competencia